La situación legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se agravó esta tarde luego de que la Justicia Federal aceptara formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes. La medida, dictada por el juez Julián Ercolini, permite que el organismo recaudador participe activamente del proceso y aporte pruebas contra la conducción de la entidad deportiva.
La investigación se centra en la retención de $19.300 millones correspondientes a aportes de seguridad social e impuestos de trabajadores y clubes. Según la denuncia original, la AFA habría actuado como agente de retención pero, en lugar de transferir esos fondos al fisco, los habría utilizado para financiamiento operativo propio, configurando el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Con esta resolución, el fisco nacional podrá solicitar medidas de prueba, acceder al expediente de forma irrestricta y pedir citaciones a indagatoria. La lupa judicial recae directamente sobre Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quienes son los responsables legales de la firma y administración de los recursos de la asociación bajo sospecha.
Desde el ámbito del derecho penal tributario, este avance es determinante, ya que la figura de la querella otorga a ARCA el impulso necesario para acelerar la causa. Los investigadores buscan determinar la trazabilidad de los fondos y si existió una maniobra sistemática para desviar el dinero que debía destinarse al sistema previsional hacia otros fines no declarados.
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