Por Matías N. Peronja
En la Francia revolucionaria de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente que se debatía cuánto poder conservaría el rey transformó nuestra forma de entender el espectro político en gran parte del mundo a través de algo tan aparentemente simple como la distribución de los asientos. Quienes defendían un veto absoluto sobre las leyes de la Asamblea se sentaron a la derecha del presidente, y quienes lo rechazaban ocuparon la izquierda. Ganó la izquierda por 673 votos contra 325, y el rey quedó con un veto suspensivo.
Esta distinción topográfica se convirtió en paradigma a la hora de clasificar las distintas corrientes ideológicas a lo largo de la historia: la izquierda pasó a representar la búsqueda de progreso social y el desafío al orden establecido, mientras que la derecha se comenzó a asociar a las expresiones que persiguen el mantenimiento del statu quo, la estabilidad y el conservadurismo. Sin embargo, estos tipos ideales están pensados en un contexto histórico puntual, desde una perspectiva geográficamente europea, por lo que da un juego interesante al famoso vicio contemporáneo de la clasificación identitaria de los distintos movimientos políticos de la actualidad, ya que no siempre se adecúan en su totalidad a las etiquetas. O, dicho mal y pronto, la realidad es siempre más compleja y, a riesgo de caer en un vicio del análisis político local, más lo es en Argentina.
Comienza a ser válido que el lector se cuestione qué puede tener que ver cómo se sentaron un grupo de asambleístas franceses en el siglo XVIII con nuestro país, y más aún con la Unión Cívica Radical, en el actual contexto de incertidumbre que atraviesa el Partido Centenario que, en el mapa político de un inminente 2027 electoral, gira en círculos ante la pregunta de con quién y contra quién se para en la vereda política.
En la Provincia de Buenos Aires la posible alianza con el PRO y LLA tensiona la discusión interna mientras que los dirigentes coinciden en una sola premisa, la idea de que se está reconstruyendo el partido. En contraste con esto, queda claro que solo una cosa funciona como eje en la visión de los radicales que gobiernan en el interior: el adversario de la UCR es el peronismo.
Dante Caputo, Canciller durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, definió al peronismo como “una hidra de cien cabezas” cuyo único objetivo era el poder. La alusión del diplomático no es casual: apunta a un hecho que vuelve a la política argentina muy difícil de explicar desde una lógica europea que moldea las categorías analíticas de la ciencia política. El peronismo no opera en términos de derechas o izquierdas y a lo largo de su historia se caracterizó por adquirir múltiples rostros según la conveniencia política y el liderazgo del momento, permitiendo que convivan expresiones que de la boca para afuera se creerían irreconciliables, como el menemismo y sus herederos kirchneristas, o que llegaron a enfrentarse violentamente entre sí, como en el caso de Montoneros y la Triple A.
El politólogo canadiense Pierre Ostiguy explicaba que la división que ordena la política del país no corre entre izquierda y derecha sino entre el peronismo y sus opositores, y que ambos bandos recorren todo el espectro ideológico. En este esquema, el radicalismo se ubica en el centro alto, el polo de la ley y las formas institucionales, teniendo en cuenta que el partido siempre albergó facciones de centroizquierda y de centroderecha. Si el adversario no se deja ordenar por el eje izquierda-derecha, la pregunta para el radicalismo es qué lo ordena a él.
La situación actual del radicalismo no es ajena a la dinámica habitual de una vida interna caracterizada por la coexistencia de facciones diferenciadas, pero para entender qué une a las dos alas conviene volver al origen. El radicalismo nació como oposición al régimen conservador, y lo que reunió a sus adherentes fue una lectura compartida de lo que no funcionaba y el reclamo por un sistema político democrático. Sus banderas históricas eran la defensa de la Constitución, la libertad de sufragio y la moral administrativa, pero con poco desarrollo escrito en materia económica. Incluso existen caracterizaciones como las del sociólogo Waldo Ansaldi, que sostiene que el modelo primario-exportador del régimen oligárquico se mantiene en el transcurso de los gobiernos radicales, con presencia de miembros de la Sociedad Rural en el primer gabinete de Yrigoyen.
Alem se ubicaba en líneas generales dentro de la tradición liberal, con la defensa del individuo frente al Estado y de las provincias y municipios frente al poder central, y con la premisa de no gobernar demasiado. La diferencia con los conservadores estaba menos en la economía que en las reglas del juego político. Ansaldi describe además a la UCR de 1912 a 1930 como un centro muy ancho, con más inclinación hacia la derecha democrática que hacia la izquierda, y ubica recién en los años treinta y cuarenta la aparición de un ala de izquierda dentro del partido.
La tendencia del radicalismo por fuera de la tradición liberal, que podemos destacar en hechos políticos como la Declaración de Avellaneda y se consolida con posterioridad a la segunda mitad del siglo XX, es rescatada por muchos correligionarios como una vía lógica de posicionamiento discursivo si se tiene en cuenta la particular impronta del Gobierno Nacional, que busca resaltar su naturaleza de derecha como vía de contención identitaria. En base a lo antedicho, esto implicaría caer en la trampa de aplicar en Argentina una categorización a la que el populismo, en sus múltiples facetas, elude sistemáticamente.
Dicho esto, que convivan dos alas no es un defecto que haya que corregir, sino una necesidad orgánica a la hora de pensar un radicalismo competitivo en las elecciones venideras. Es la condición ordinaria de un partido cuyo principio ordenador es otro. Cuando Alfonsín lanzó en 1992 el Movimiento para la Democracia Social con la intención de ganar votos de trabajadores, el armado no salió de la base de clase media del radicalismo. Correr el programa hacia la izquierda no le devolvió al partido un electorado popular. El caso sugiere que el programa, por sí solo, no cruza la frontera entre peronismo y antiperonismo.
El peronismo es, en esencia, tan difícil de definir como lo es el populismo. Entre mares de tinta dedicados a cada uno, aparecen los puntos de encuentro. El politólogo holandés Cas Mudde define al populismo como una ideología de contenido delgado que separa a la sociedad en dos grupos antagónicos, un pueblo puro y una élite corrupta, y que exige que la política exprese la voluntad general de ese pueblo. Por ser delgada, se combina con programas muy distintos, lo que explica que el estatismo de Perón y la apertura de Menem puedan caer bajo la misma categoría. Fundamentalmente, el populismo choca con los límites de la democracia constitucional, entre ellos la independencia del Poder Judicial y la del banco central.
Menem privatizó y siguió siendo peronista porque conservó el estilo, el lenguaje y el trato directo con los sectores populares, y esa continuidad pesó más que el giro de su política económica. Si se aceptan ambas lecturas, la pregunta para el radicalismo pasa por qué instituciones defiende cuando el adversario invoca al pueblo contra ellas.
Cabe preguntarse dónde queda Javier Milei en este esquema. El sociólogo Martín Retamozo, investigador del CONICET, lo describió en un artículo de 2025 como un populismo antipopulista: populista en la forma y antipopulista en el contenido. Podría ser acertado plantear que Milei es peronista, aunque no lo sea por su programa.
Juan Carlos Torre, sociólogo y especialista en la historia del peronismo, distingue en un texto de 2017 un alma permanente del peronismo, hecha de nacionalismo, justicia social y estatismo, y un corazón contingente que se sintoniza con el clima de época. La clave, más allá de la distancia entre la dimensión discursiva y la de gobierno, habría que buscarla en el corazón, en la gente que integra su fuerza de gobierno, quienes proceden de las filas del justicialismo ya sea durante la etapa menemista, kirchnerista o sean intrépidos que se sacaban fotos en Unidades Básicas en tiempos de juventud.
También podemos ver matices peronistas en su concepción de la política y en su modo de ejercer el liderazgo. Si la lectura se sostiene, el adversario del radicalismo es más amplio que un partido: es una manera de hacer política. Como alguna vez he llegado a plantear en conversaciones entre amigos, “se debe entender al peronismo como un modus operandi”.
La discusión programática en el radicalismo y su compatibilidad con un modelo económico abierto o liberalizante, que hoy parece nueva, dista por mucho de ser novedosa. Por citar un ejemplo, en 1988 el gobierno de Alfonsín, por medio de su ministro Rodolfo Terragno, firmó con la escandinava SAS un acuerdo para vender parcialmente Aerolíneas Argentinas. El Congreso, con mayoría justicialista, no lo aprobó. Según reconstruyó La Nación pocos años después muchos de esos legisladores votaron la ley que impulsó Menem y que permitió la privatización. El radicalismo había planteado el problema antes y su adversario lo resolvió, a su manera y con sus costos.
Eduardo Angeloz, entonces gobernador de Córdoba y candidato radical a presidente en 1989, venía del ala más conservadora del partido y defendió privatizaciones mixtas dentro de un discurso que conservaba elementos desarrollistas. Perdida la elección, sostuvo que Menem aplicaba el programa que él había propuesto, mientras Alfonsín criticaba el rumbo del gobierno y hablaba de un modelo neoconservador. Las dos alas quedaron enfrentadas y así se las recuerda.
En la Convención de Mar del Plata de 1990, los proyectos de Bases de Acción Política de alfonsinistas y angelozistas tenían más puntos de contacto que diferencias, y aun así no hubo acuerdo. Ambos sectores reconocían el papel del Estado en el desarrollo y en las prestaciones sociales, y el texto de Angeloz mantenía como responsabilidad estatal la educación, la salud, la seguridad social y la justicia. Lo que trabó todo fue la disputa por el control del aparato. La distancia entre las alas fue más de poder que de ideas, y eso vuelve posible la conciliación si se pudieran generar los estímulos políticos para que esta suceda.
Juan Carlos Torre explica en su famoso artículo “Los huérfanos de la política de partidos” que entre 1983 y 1999 la dinámica electoral se definió sobre todo en el polo no peronista, y dentro de él por el voto de centroderecha y de centroizquierda. Ahí estaba la fuente principal de la volatilidad y, por lo tanto, del triunfo o la derrota de la UCR y del PJ. El núcleo peronista, en cambio, rondó el 37% de los votos positivos sin que su paso del distribucionismo al neoliberalismo alterara esas lealtades. Los radicales sumaban en esos años cerca del 18%, en descenso desde 1983.
Alfonsín ganó en 1983 porque reunió el voto no peronista de centroderecha y de izquierda y sumó una fracción pequeña pero decisiva de votantes tradicionalmente peronistas. Después la UCR fue devolviendo votos a los dos lados, en favor de terceras fuerzas. Cuando Alfonsín pactó en Olivos con Menem la reforma que habilitó la reelección, el malestar de los simpatizantes radicales alimentó el 12,7% que el Frente Grande obtuvo en 1994. Resignar el papel de oposición tuvo un costo electoral, y no solo moral.
A los votantes que quedaron a la intemperie tras 2001 Torre los llamó huérfanos: independientes de clases medias y medias altas, con alto nivel de educación y de información política, que votan por valores y juzgan qué partido los defiende mejor. En el área de centroizquierda esos valores eran la transparencia, la legalidad y los derechos humanos. En la de centroderecha, la estabilidad fiscal y monetaria, las reformas de mercado y la libertad económica. Estas dos agendas, unificadas en una oferta partidaria sensible a las nuevas formas de comunicación política, darían como resultado un radicalismo que combinaría aparato con programa y sería mucho más sólido electoralmente.
Torre agrega una advertencia sobre los espacios que intentaron representar a la centroderecha, como la UCeDé y Acción por la República: prefirieron influir sobre los gobiernos de turno antes que construir una alternativa propia, y pagaron con el debilitamiento de su identidad y con la corresponsabilidad por gestiones que no dirigían. La advertencia sirve para la discusión de 2027, dado que se debe hacer un balance claro sobre los costos de la resignación programática en virtud de la supervivencia.
El radicalismo tiene lo que a esos espacios les faltó. Está entre los partidos políticos más antiguos de la República Argentina, y posee una vida institucional que genera permanentemente cuadros políticos hábiles a la par de un aparato sólido con presencia en todos los rincones a lo largo y ancho del país. Ese capital sirve de base para reunir a los huérfanos. Si no se usa, hay un riesgo: la erosión de las subculturas partidarias libera a los adherentes para votar según sus preferencias ideológicas, y en 2003 Torre ya veía a la UCR deshaciéndose en formaciones más homogéneas como lo fueron Ricardo López Murphy y Elisa Carrió saliendo de sus filas.
El refugio de muchos huérfanos hacia 2017 fue Cambiemos, la convergencia del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, y buena parte de su electorado son simpatizantes que emiten un voto de preferencia y no de pertenencia, de modo que pueden retirar el apoyo si la gestión no cumple sus expectativas. Lo mismo puede pasar con el gobierno de Javier Milei, que se sostiene sobre la base de un voto que se ubica dentro del espectro no-peronista, geográficamente del interior del país y sin distinción socioeconómica.
El rol del ballotage no es menor tampoco, habiendo sido esta la herramienta que permitió tanto a Cambiemos como a LLA superar al peronismo después de una primera vuelta en la que originalmente habían sido superados. Nótese cómo, pasada la primera vuelta, el polo no justicialista logra imponerse electoralmente en segunda vuelta.
La situación social actual da espacio al planteo de un programa económico desde el radicalismo que permita conciliar las diferentes alternativas internas. El INDEC informó el 24 de septiembre que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos más que en el semestre anterior. El ingreso per cápita familiar subió 11,5% y la canasta básica total 19,6%, diferencia que explica el aumento.
La conciliación entre alas no requiere que una se imponga sobre la otra, pero es indispensable para una alternativa de gobierno desde el radicalismo, que viene de elecciones en las que su injerencia se va reduciendo junto con su naturaleza como partido de gobierno.
Volver a un radicalismo competitivo requiere acordar un mínimo que internamente ya aceptaron en 1990, cuando discutían con rabia y coincidían en casi todo. Dicho mínimo puede pactarse alrededor de tres cláusulas básicas. Una es la institucional: independencia judicial, división de poderes y reglas fiscales que valgan más que un gobierno. La cláusula social debe pensarse protegiendo a la golpeada clase media, con educación, salud y seguridad social como responsabilidades que el Estado no delega. La cláusula macroeconómica debe recoger el guante de la apertura comercial, la previsibilidad y el apoyo a la producción que exporta, con una discusión franca sobre qué se ajusta y con qué marco regulatorio.
Para llegar a ser competitivo, diferenciarse es fundamental: el hartazgo viene explicando gran parte de los resultados electorales en América Latina, donde la clave oficialismo-oposición parece tener mucha más capacidad explicativa que la lógica izquierda-derecha, como señaló el politólogo Andrés Malamud en 2022. Dicho esto, es fundamental que esa diferenciación sea lo suficientemente atractiva para capitalizar el efecto de neutralización que tiene la segunda vuelta sobre el PJ, por lo que apelar al voto no peronista se vuelve una necesidad imperante más que una opción. El radicalismo, por su bagaje histórico sumado a la confluencia de método del kirchnerismo y el mileismo, puede permitirse apelar al antiperonismo si elige profundizar en una alternativa dicotomizante.
Ganar importa por lo que está en juego. Existe una importante porción del electorado que enfrenta el desgaste de una lógica de retroalimentación entre Milei y el kirchnerismo que permite sostener las distintas expresiones del populismo en Argentina. En 2001 la desintegración del polo no peronista dejó al peronismo como partido predominante y ancla del sistema. Frente a un gobierno que invoque al pueblo contra los límites institucionales, el contrapeso útil es una alternativa capaz de diferenciarse del resto de la oferta política.
Si el radicalismo no firma ese mínimo, seguirá negociando alianzas una provincia por vez y su identidad la definirán otros. El adversario siempre estuvo definido, lo que está en juego es la capacidad del radicalismo de definirse a sí mismo y a cuál será la herramienta con la cual le hará frente si realmente sostiene su vocación de transformación. Retomando aquel paralelismo que planteamos en un principio, en la Asamblea de 1789 importaba de qué lado de la sala se sentaba cada uno. En 2027 va a importar que el radicalismo se siente en la misma sala.
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