La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa dictó un fallo contundente que sacude el tablero político y ambiental. El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia y confirmó que el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, deberá pagar una multa que supera los 101 millones de pesos por infracciones a la normativa ambiental de la provincia, descartando de plano la estrategia de su defensa que pretendía usar los fueros parlamentarios como escudo.
La causa se originó por una sanción ejecutada por el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa a raíz de desmontes ilegales. Al verse acorralado por la vía de apremio, los abogados del legislador libertario intentaron frenar el cobro interponiendo recursos de apelación con un abanico de argumentos: plantearon desde la prescripción y la inconstitucionalidad de la norma, hasta la supuesta falta de fundamentación de la deuda y la inmunidad parlamentaria frente al embargo de su dieta.
Sin embargo, los jueces de la Sala II desarmaron la estrategia defensiva punto por punto. El tribunal dejó en claro un criterio jurídico fundamental: la condición de Senador de la Nación no constituye ningún obstáculo legal para la ejecución de una deuda derivada de una multa administrativa. En criollo, los fueros protegen la función legislativa y la libertad de opinión, pero no son un pase libre para incumplir obligaciones fiscales ni ambientales. Además, la Cámara explicó que el juicio de apremio busca cobrar una deuda que ya es exigible, por lo que el trámite procesal principal era totalmente válido más allá de cualquier discusión paralela sobre las medidas cautelares de embargo.
Para colmo de males para el senador, la Cámara también declaró improcedente un segundo escrito donde intentaban ampliar los agravios, recordándoles que la oportunidad procesal ya había precluido. De esta manera, Paoltroni quedó obligado a abonar el capital de 101.904.660 pesos, monto que además será actualizado al valor del litro de gasoil del Automóvil Club Argentino de Formosa al momento del pago efectivo, sumando los intereses y cargando con todas las costas del juicio. Un golpe durísimo para el referente libertario que marca un precedente clave sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos ante el daño ambiental.
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