La historia suele ser un espejo implacable: los atajos hacia la acumulación de poder rara vez conducen a una república más sólida. Por el contrario, suelen terminar en la petrificación de una facción dentro del Estado. El caso de Nayib Bukele en El Salvador ofrece, en ese sentido, una lección acelerada sobre la fragilidad de las instituciones cuando el éxito político se utiliza como excusa para desmantelar los límites del poder.
Es innegable que Bukele goza de una altísima aprobación popular tras haber reducido drásticamente la criminalidad mediante una política de “mano dura” que muchos, también en la Argentina, reclaman bajo la premisa de que el Estado, cuando quiere, todo lo puede. Sin embargo, ningún resultado de gestión —por exitoso que sea— habilita la destrucción de los cimientos republicanos. La eficacia no puede convertirse en salvoconducto para la concentración del poder.
Estamos ante lo que Fareed Zakaria definió como “democracia iliberal”: sistemas en los que los líderes llegan al gobierno mediante elecciones, pero una vez en el poder erosionan los contrapesos institucionales que hacen posible una democracia auténtica. Bukele no solo rompió el bipartidismo tradicional salvadoreño, siguiendo la lógica de los partidos catch-all —organizaciones que diluyen identidades para captar votos transversales—, sino que además alteró las reglas para perpetuarse. La popularidad no otorga patente de corso para eliminar la alternancia. Al habilitar la reelección indefinida, el bukelismo le quita a la ciudadanía la posibilidad real de decidir libremente sobre el futuro y convierte la voluntad popular en un contrato de adhesión permanente.
El fenómeno no es nuevo. Venezuela ofrece un antecedente cercano y dramático: bajo el chavismo primero y el madurismo después, la reelección, el control judicial, la manipulación electoral y la colonización de las instituciones terminaron por vaciar de contenido la soberanía popular. Allí también se vota, pero cada vez con menos libertad efectiva; hay elecciones, pero no verdadera competencia; hay urnas, pero el poder se encarga de que el resultado nunca amenace seriamente su continuidad. Es destacable que a Maduro esto le llevó 10 años y a Bukele tan solo 6.
En Argentina también conocemos esa tentación. En 1949, Juan Domingo Perón impulsó una reforma constitucional que habilitó su reelección y abrió la puerta a la consolidación de un poder personalista. Frente a esa tradición de concentración, otras corrientes del nacionalismo argentino legaron un camino distinto, basado en la ética republicana y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Hipólito Yrigoyen encarnó esa forma de entender la soberanía, guiado por la máxima de que “los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos”. Para Yrigoyen, la soberanía nacional no era una herramienta de autocracia interna, sino un escudo frente a cualquier potencia extranjera que pretendiera imponer su voluntad.
Ese nacionalismo yrigoyenista no se limitó a los discursos. Se expresó en la neutralidad argentina ante las guerras del mundo y, de manera ejemplar, en 1920, cuando Yrigoyen ordenó que un buque militar argentino saludara la bandera de la República Dominicana, reconociendo su independencia frente a la ocupación de Estados Unidos. Fue un gesto de respeto absoluto por la autodeterminación de los pueblos. Del mismo modo, mientras defendía con firmeza los recursos nacionales y el desarrollo de YPF, el yrigoyenismo entendía que el pueblo debía conservar siempre las herramientas de su propio destino.
Yrigoyen comprendió que, para que el pueblo sea verdaderamente soberano, no debe perder los instrumentos que le permiten controlar al poder. Entre ellos, los partidos políticos ocupan un lugar central. Como establece el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional, son “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Cuando los líderes deciden saltarse las reglas para eternizarse, no solo vulneran la alternancia: debilitan precisamente las instituciones que garantizan que el ciudadano siga siendo mandante y no súbdito.
Steven Levitsky ha advertido que las democracias contemporáneas ya no suelen morir de un golpe abrupto, sino por una erosión interna y progresiva. El campo de juego se inclina cada vez más a favor del oficialismo hasta que la competencia electoral pierde sentido. La tragedia de los pueblos que ya no pueden reemplazar a sus dirigentes no es únicamente la falta de recambio: es la pérdida gradual de su soberanía.
La alternancia no es un capricho formal ni una obsesión liberal abstracta. Es el seguro de vida de la libertad política. Si descuidamos los partidos, debilitamos los controles y permitimos que el “éxito administrativo” funcione como excusa para la autocracia, terminaremos aceptando un statu quo diseñado para volverse irreversible. Y cuando eso ocurre, el pueblo deja de elegir su camino: apenas ratifica el camino que el poder ya decidió por él.
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