Un violento episodio ocurrido en plena vía pública volvió a encender las alarmas sobre un vacío que el Estado no logra llenar: la falta de seguimiento efectivo para personas con padecimientos psiquiátricos graves. En esta ocasión, un hombre con problemas de salud mental agredió de forma imprevista a un padre y a su hija mientras caminaban por la calle, generando una situación de pánico que terminó con el agresor detenido e internado bajo custodia.
El ataque se produjo sin mediar palabra ni motivo aparente, una característica que define la peligrosidad e imprevisibilidad de estos cuadros cuando no están bajo tratamiento medicamentoso o supervisión constante. Tras la intervención policial, se constató que el atacante ya contaba con antecedentes de crisis similares, lo que plantea un interrogante ético y legal profundo: ¿Hasta cuándo la libertad individual de un enfermo prevalece sobre la seguridad física de los ciudadanos?
Desde el análisis jurídico y social, la actual Ley de Salud Mental es objeto de constantes críticas por las dificultades que impone para las internaciones involuntarias, incluso en casos donde existe un riesgo cierto para terceros. Este incidente no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema que, bajo la premisa de la desmanicomialización, muchas veces deja a los pacientes en situación de calle, sin red de contención ni controles médicos, convirtiéndolos en potenciales agresores o víctimas.
La resolución de este caso, con el hombre finalmente internado en un centro especializado, llega recién después de que una familia viviera un momento traumático. La sociedad se pregunta si es necesario esperar a que ocurra una tragedia mayor para revisar los protocolos de asistencia y vigilancia de quienes, por su condición, no pueden hacerse responsables de sus actos pero representan una amenaza latente en el espacio público.
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