En las últimas semanas, la viralización de contenidos generados mediante Inteligencia Artificial ha cruzado una nueva frontera ética y social. Se trata de una serie de videos donde se recrean perfiles de delincuentes —utilizando una estética cargada de estigmas, tatuajes faciales y lunfardo tumbero— en los que estos personajes defienden el accionar delictivo y lanzan amenazas directas a la sociedad. Esta tendencia ha provocado una ola de indignación y un notable incremento del odio hacia los delincuentes en las plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionan de forma violenta ante estas simulaciones hiperrealistas.
El caso que mayor repercusión alcanzó recientemente muestra a un joven con faltante de dientes y el rostro tatuado, quien, en un tono desafiante, asegura que si el Congreso logra bajar la edad de imputabilidad, las bandas criminales simplemente «mandarán a los más chicos» a robar para mantener la impunidad. Aunque el video presenta marcas sutiles de ser una creación artificial, su realismo y el uso de un lenguaje extremadamente agresivo lograron engañar a gran parte del público, alimentando el pedido de mano dura y medidas de seguridad extremas en el Conurbano y el resto del país.
Desde una perspectiva jurídica y sociológica, este fenómeno plantea un escenario peligroso: la fabricación de culpabilidad y estigma. Si bien el repudio al delito es una reacción ciudadana legítima, el uso de la IA para crear «enemigos públicos» a medida puede derivar en una deshumanización peligrosa. Expertos en Derecho Informático advierten que este tipo de contenidos pueden encuadrarse como incitación a la violencia o instigación al odio, ya que no buscan informar, sino provocar una reacción emocional violenta basada en prejuicios y estereotipos de clase y estética.
La viralización de estos contenidos obliga a replantear la responsabilidad de las redes sociales y del Estado en el monitoreo de las Deepfakes. En un contexto de alta sensibilidad social por la inseguridad, la circulación de delincuentes ficticios que «confiesan» planes criminales o se burlan de las leyes solo logra radicalizar las posturas y entorpecer el debate serio sobre la reforma del Código Penal Juvenil. La preocupación reside en que la ficción digital termine dictando la agenda de seguridad y la percepción de justicia de la población.
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