La crisis por el suministro de agua en La Plata llega a los tribunales. En las últimas horas, se confirmó una presentación judicial formal contra el reciente aumento de tarifas del servicio, en un contexto marcado por la falta de inversión y las constantes fallas en la red que afectan a miles de vecinos de la capital bonaerense. La medida no solo busca frenar el tarifazo, sino que exige de manera urgente la implementación de un plan de emergencia para garantizar el acceso al recurso básico.
La acción legal apunta a la falta de proporcionalidad entre el costo del servicio y la calidad del mismo. Según la presentación, es «irrazonable» aplicar incrementos en las boletas cuando gran parte de la ciudadanía sufre cortes intermitentes, baja presión o suministro de agua no apta para el consumo. Los demandantes solicitan que la justicia ordene a la empresa prestataria y al Gobierno provincial la ejecución de obras de infraestructura inmediatas para revertir el deterioro del sistema.
Desde el análisis del Derecho Administrativo y del Consumidor, el reclamo se sustenta en el principio de que las tarifas deben ser justas y razonables. La jurisprudencia argentina establece que la prestación de un servicio público esencial es una obligación del Estado, y su incumplimiento faculta a los usuarios a exigir la suspensión de los aumentos hasta que se garantice la regularidad del suministro. Asimismo, el pedido de un «plan de emergencia» busca que el Poder Judicial intervenga para tutelar el derecho humano al agua, reconocido con jerarquía constitucional.
El malestar social en los barrios platenses ha crecido ante la falta de respuestas técnicas por parte de la prestataria. Con esta judicialización, se busca que el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) y la justicia platense pongan un límite a las subas indiscriminadas y establezcan un cronograma de inversiones verificable, priorizando la salud pública por sobre la recaudación tarifaria.
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