Un sector del sindicalismo exigió a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) implementar una estrategia más agresiva en el plano financiero para bloquear el avance de la reforma laboral en el Congreso. La propuesta, impulsada por un grupo de gremios que busca influir directamente sobre los gobernadores, plantea «jugar fuerte en lo económico» para contrarrestar las negociaciones que mantiene el Gobierno nacional con las provincias.
Según trascendió desde fuentes gremiales, el planteo surge bajo la premisa de que el Poder Ejecutivo utiliza recursos presupuestarios para garantizar los votos necesarios para la modernización laboral. «El Gobierno ofrece plata a los gobernadores. Si se juega en esas condiciones, tendríamos que hablar en el mismo idioma», argumentó un dirigente que participó de las discusiones internas.
Sin embargo, la cúpula de Azopardo descartó la iniciativa debido a las profundas diferencias que atraviesan a la central obrera. Las autoridades de la CGT reconocieron que, mientras algunos sindicatos cuentan con respaldo financiero, otros atraviesan situaciones críticas y se niegan a comprometer fondos en esta disputa política.
El debate interno también expuso críticas hacia los métodos tradicionales de protesta. Voces disidentes cuestionaron los altos costos de la última movilización a Plaza de Mayo, sugiriendo que esos recursos podrían haberse destinado a construir alianzas políticas con los mandatarios provinciales.
A pesar de las discrepancias, la CGT confirmó que iniciará la próxima semana una ronda de visitas oficiales a los gobernadores. El objetivo institucional se mantiene firme: sumar volumen político para frenar el proyecto oficialista en el recinto legislativo, aunque la estrategia financiera haya quedado, por el momento, fuera de la mesa de negociación.
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