La presión política y el desgaste ético terminaron por sellar el destino de Carlos Frugoni. El funcionario, que había quedado en el ojo de la tormenta tras admitir públicamente la existencia de propiedades en Miami que no figuraban en su declaración jurada, presentó su renuncia indeclinable. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales de la Casa Rosada, que ya buscaban una salida elegante para un colaborador cuya permanencia se había vuelto «insostenible» ante el discurso de transparencia que intenta pregonar la gestión actual.
El escándalo estalló semanas atrás, cuando en una entrevista que pretendía ser de rutina, Frugoni reconoció con una naturalidad pasmosa poseer activos en el exterior que no habían pasado por el filtro de la Oficina Anticorrupción. Si bien el ahora exfuncionario intentó minimizar el hecho calificándolo como un «error administrativo» de sus contadores, la justicia ya había iniciado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.
Dentro del Gobierno, la salida de Frugoni fue recibida con un suspiro de alivio, especialmente en los sectores más cercanos a la Jefatura de Gabinete, donde consideraban que el funcionario se había convertido en un «blanco móvil» para la oposición. La demora en su salida había generado ruidos internos, dado que contravenía la promesa oficial de «limpiar la casta» y castigar cualquier irregularidad patrimonial entre sus filas.
Con la renuncia sobre la mesa, el foco se desplaza ahora al ámbito judicial. La salida del cargo no detiene las causas en curso, y se espera que en los próximos días Frugoni deba presentar la documentación que acredite el origen de los fondos para la compra de esas unidades en los Estados Unidos. El caso deja una herida abierta en el equipo de gobierno y funciona como una advertencia para el resto de los funcionarios sobre el rigor —o la falta de él— en el control de sus patrimonios antes de asumir el servicio público.
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