La Justicia Federal dictó el embargo e inhibición general de bienes de Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Nación, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades crediticias con el grupo Vicentín. La medida también alcanza a otros exdirectivos de la entidad bancaria y responsables de la empresa, con el objetivo de preservar activos ante un posible perjuicio millonario al Estado.
Una cifra millonaria en juego
Según la acusación fiscal, las maniobras con el holding habrían provocado un daño patrimonial cercano a los 304 millones de dólares. Por este motivo, el juzgado busca garantizar el recupero de esos fondos mediante estas medidas cautelares, mientras avanza la investigación y los peritajes contables definitivos.
Los implicados y la decisión del tribunal
La resolución judicial responde a indicios de defraudación contra la administración pública. Además de Llach, la medida recae sobre Javier González Fraga (expresidente del Banco Nación) y otros miembros de los directorios tanto del banco como de la cerealera. Es importante destacar que estas medidas son preventivas y pueden ser apeladas por las defensas de los imputados.
El origen del conflicto
La trama judicial comenzó a fines de 2019 con el colapso financiero de Vicentín, que derivó en un concurso preventivo en 2020. A partir de allí, se abrieron múltiples causas por presunto vaciamiento y otorgamiento irregular de créditos. La fiscalía señala que hubo una falta de control en los límites crediticios y omisión en la exigencia de garantías, lo que permitió transferencias millonarias entre sociedades vinculadas.
¿Qué significa esta medida?
El embargo y la inhibición buscan asegurar que, en caso de una condena futura, existan bienes para responder ante la justicia. No representan una condena anticipada, pero sí un fuerte aseguramiento patrimonial. Las defensas ya preparan impugnaciones, argumentando que las pruebas son insuficientes o que los montos fijados son excesivos.
Próximos pasos en la causa
En los próximos días se realizarán las notificaciones formales y se fijarán los montos individuales para cada embargado. Mientras tanto, la investigación penal continuará con el análisis de documentos bancarios y pruebas contables para determinar el grado de responsabilidad de cada exfuncionario en el millonario desbalance financiero.
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