Mañana será un día clave en el Congreso. El Senado se prepara para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ha generado una fuerte división y que llega al recinto con un pronóstico totalmente reservado. Con los bloques negociando hasta último momento, el escenario actual muestra una paridad casi absoluta, lo que convierte a cada senador en una pieza determinante para el resultado final.
La reforma busca modificar los niveles de protección actuales, permitiendo ciertas actividades económicas en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Mientras que los sectores que impulsan el cambio argumentan que esto favorecerá el desarrollo de inversiones mineras y energéticas necesarias para el país, las organizaciones ambientales y diversos sectores científicos advierten que flexibilizar la ley pone en riesgo las reservas de agua dulce más importantes de la región en pleno contexto de cambio climático.
El debate no solo es ambiental, sino también profundamente político y territorial. Muchos gobernadores de provincias cordilleranas vienen presionando para que la reforma avance, viendo en ella una oportunidad para reactivar economías locales. Sin embargo, la resistencia en las calles y la presión de la opinión pública han hecho que varios legisladores, que inicialmente estaban a favor, ahora duden de su voto.
Se espera una sesión maratónica y cargada de tensión. Los jefes de bloque están trabajando a contrarreloj para asegurar las asistencias y convencer a los «indecisos», ya que la diferencia podría ser de apenas uno o dos votos. Si el proyecto logra la aprobación, marcará un giro histórico en la política ambiental argentina; de lo contrario, será un duro golpe para la agenda legislativa del oficialismo en la Cámara Alta.
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