Una reciente publicación de La Nación ha puesto nuevamente bajo la lupa el sobredimensionado esquema de asistencia técnica en el Senado de la Nación. El informe revela no solo quiénes lideran el ranking de nombramientos, sino también una compleja red de vínculos familiares y políticos que transforman a las vocalías en verdaderas estructuras de poder autónomas. En un contexto de ajuste fiscal, la cantidad de asesores por legislador en Argentina se posiciona como una de las más altas de la región y el mundo, abriendo un debate necesario sobre la ética pública y la eficiencia del gasto legislativo.
Desde la perspectiva del Derecho Público y la Administración, la figura del asesor debe responder a una necesidad de especialización técnica para la creación de leyes. Sin embargo, la discrecionalidad en las designaciones y la falta de perfiles técnicos verificables sugieren que muchas de estas contrataciones funcionan más como un refugio político que como un soporte de calidad legislativa. Jurídicamente, esto plantea una tensión con los principios de idoneidad exigidos para el acceso a la función pública, especialmente cuando los nombramientos recaen de forma sistemática en familiares o colaboradores directos de campaña.
Para dimensionar la desmesura local, basta con observar cómo se estructuran otros parlamentos desarrollados o vecinos:
Ranking: Promedio de asesores por legislador por país
- Argentina: Promedio de 20 a 30 asesores por senador (con casos que superan los 40 entre planta permanente y transitoria).
- Estados Unidos: El límite presupuestario permite aproximadamente 15 a 18 asesores para senadores de estados grandes, con funciones estrictamente técnicas.
- Chile: Cada senador cuenta con un equipo de entre 5 y 8 colaboradores directos, con topes de gasto muy estrictos.
- España: Los senadores suelen compartir equipos técnicos por bloque, contando con 1 o 2 asistentes directos de confianza.
- Uruguay: La estructura es austera, con un promedio de 3 a 5 asesores por legislador.
Esta comparación evidencia que el modelo argentino carece de los topes de profesionalización que rigen en otros países. Mientras que en las democracias más sólidas el asesoramiento tiende a ser compartido o estar centralizado en bibliotecas y cuerpos técnicos del Congreso, en el Senado argentino impera el modelo de «feudo personal». Esta anomalía no solo representa una carga millonaria para el erario público, sino que también degrada la imagen de la justicia y la política ante una sociedad que demanda transparencia y ejemplaridad en el uso de los recursos del Estado.
Deja una respuesta