Las autoridades de Mar del Plata han encendido las alarmas ante una serie de incidentes de inseguridad que afectaron recientemente a distintas dependencias judiciales de la ciudad. La vulneración de estos espacios, destinados precisamente a la administración de justicia, ha generado una profunda preocupación tanto en los magistrados como en los trabajadores del sector, quienes exigen medidas de protección urgentes para garantizar la integridad de los expedientes y la seguridad del personal.
Los hechos reportados incluyen desde intrusiones y robos de elementos de oficina hasta situaciones de mayor gravedad que ponen en riesgo documentación sensible de causas en trámite. Esta seguidilla de eventos ha dejado al descubierto fallas en los esquemas de vigilancia y mantenimiento de los edificios del Departamento Judicial de Mar del Plata, muchos de los cuales presentan deficiencias estructurales que facilitan el ingreso de personas ajenas a la institución fuera del horario de atención.
Desde el análisis del Derecho Administrativo y la seguridad institucional, la custodia de las sedes judiciales es una responsabilidad indelegable del Estado provincial. La vulneración de un juzgado o fiscalía no solo representa un delito común, sino un atentado contra el normal funcionamiento del Servicio de Justicia. Jurídicamente, la preservación de la «cadena de custodia» de los expedientes y efectos secuestrados es vital; cualquier intrusión que altere o ponga en duda la integridad de las pruebas puede derivar en planteos de nulidad en procesos penales vigentes.
Ante esta situación, diversos gremios judiciales y asociaciones de magistrados han solicitado una audiencia con el Ministerio de Seguridad bonaerense para implementar un plan de contingencia. Se busca reforzar la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia en los ingresos y perímetros de los edificios, así como la instalación de sistemas de monitoreo modernos que permitan prevenir nuevos ataques contra la infraestructura judicial de la ciudad balnearia.
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