La inseguridad en el Conurbano bonaerense volvió a generar un duro enfrentamiento político, esta vez centrado en el partido de Lomas de Zamora. La senadora provincial Florencia Arietto lanzó duras críticas contra la gestión de Axel Kicillof tras una serie de hechos delictivos en la zona, lo que provocó una respuesta inmediata y tajante del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien acusó a la legisladora de desinformar a la población.
Arietto denunció a través de sus redes sociales una situación de «desprotección total» en los barrios lomenses, vinculando el incremento de los delitos con una supuesta falta de recursos y planificación por parte del Ministerio de Seguridad. Sus declaraciones no tardaron en escalar, poniendo el foco en el impacto que la violencia criminal tiene sobre los vecinos y la presunta inacción de las fuerzas policiales en puntos críticos del distrito.
La réplica oficial llegó de la mano de Javier Alonso, quien desmintió los dichos de la senadora y defendió las estadísticas y los operativos realizados en la región. El ministro calificó las afirmaciones de Arietto como una «maniobra de desinformación» y sostuvo que la oposición busca generar alarma social con datos que no se condicen con la realidad de las intervenciones territoriales. Según Alonso, el despliegue de la Fuerza de Aproximación Barrial (UTOI) y la inversión en patrulleros demuestran la presencia del Estado en el municipio.
Desde el punto de vista del Derecho a la Seguridad Ciudadana, esta disputa pone de manifiesto la tensión constante entre las cifras oficiales y la percepción de las víctimas en el territorio. Mientras la política debate responsabilidades jurisdiccionales, la Justicia local continúa procesando expedientes por robos agravados y entraderas, hechos que alimentan el reclamo vecinal por soluciones preventivas eficaces y una mayor coordinación entre el municipio y la gobernación bonaerense.
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