El reciente asalto bajo la modalidad de «golpe comando» perpetrado en un exclusivo barrio privado a la vera de la Autopista La Plata-Buenos Aires ha vuelto a poner en el centro del debate jurídico la responsabilidad civil de las administraciones y las empresas de seguridad privada. El hecho, caracterizado por una logística de alta precisión y la vulneración de perímetros supuestamente inexpugnables, abre un abanico de posibles acciones resarcitorias por parte de los copropietarios afectados.
Desde la óptica del Derecho de Daños, el incumplimiento de la obligación de seguridad (tácita o contractual) es el eje de la controversia. En estos casos, la jurisprudencia suele evaluar si existió una «omisión de diligencia» por parte de la prestataria del servicio de vigilancia. La entrada de una banda armada que reduce al personal y toma el control de los accesos sugiere, prima facie, una fractura en el nexo causal que la empresa de seguridad difícilmente pueda atribuir exclusivamente al «caso fortuito», dado que el robo a mano armada es un riesgo previsible dentro de su objeto comercial.
En el plano de la Investigación Penal, la UFI en turno de La Plata trabaja sobre la hipótesis de una asociación ilícita con inteligencia interna. La celeridad y el conocimiento de los puntos ciegos de las cámaras y los códigos de acceso refuerzan la teoría de una entrega o connivencia. Para los letrados que representan a las víctimas, el foco no solo debe estar en la individualización de los autores materiales, sino en el peritaje de los sistemas de auditoría de la empresa de seguridad, buscando determinar si hubo negligencia en la custodia de la información sensible del barrio.
Este evento jurídico-policial plantea además la discusión sobre la extensión de la responsabilidad a la administración del consorcio. Si bien el barrio cerrado no garantiza la invulnerabilidad, la oferta de un entorno seguro es un elemento determinante en la formación del consentimiento contractual de los adquirentes. Un fallo de esta magnitud no solo genera un perjuicio patrimonial directo por el botín sustraído, sino un daño moral derivado de la privación de la libertad y la violencia física ejercida contra los residentes en un ámbito que debería gozar de especial protección.
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