La provincia de Buenos Aires oficializó un relevamiento técnico que delimita las zonas con mayor exposición a anegamientos en la zona sur, imponiendo nuevas restricciones al uso del suelo y a la planificación urbana para prevenir catástrofes.
La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dictó una medida fundamental para la seguridad urbana al aprobar el Mapa de Peligrosidad Hídrica correspondiente a la cuenca que integran los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo. Esta resolución pone el foco sobre una de las regiones más pobladas y vulnerables del área metropolitana, identificando áreas críticas en los municipios de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown.
La decisión administrativa, formalizada mediante la Resolución de Firma Conjunta Nº 1979-ADA-2025, responde a lo establecido por el Código de Aguas bonaerense. Esta normativa provincial exige la creación de herramientas técnicas que permitan identificar zonas inundables y clasificar los niveles de peligro para orientar las políticas públicas. El estudio no es azaroso: se basa en criterios técnicos de geomorfología e hidrología que proyectan escenarios ante tormentas críticas con diferentes plazos de recurrencia, desde los 10 hasta los 200 años.
Este nuevo mapa de riesgo no funciona solo como un diagnóstico, sino como un instrumento legal de cumplimiento obligatorio. A partir de esta aprobación, los gobiernos locales de los seis distritos afectados deberán integrar de forma inmediata estos datos en sus Códigos de Ordenamiento Territorial y normativas de edificación. Esto implica que la planificación de la ciudad ya no podrá ignorar la dinámica natural del agua, obligando a que cualquier expansión urbana o proyecto inmobiliario respete los niveles de escurrimiento necesarios para evitar tragedias.
Uno de los puntos más estrictos de la normativa establece la prohibición de generar obstáculos, tales como obras civiles o plantaciones, dentro de las áreas de peligrosidad sin contar con una autorización previa de la Autoridad del Agua. Esta restricción busca evitar que la actividad humana interrumpa los cauces naturales o agrave la acumulación de agua en sectores que ya presentan una alta sensibilidad hídrica.
El objetivo central de este ordenamiento es el manejo preventivo del recurso y la mitigación de daños asociados a eventos meteorológicos extremos, que han mostrado una intensidad creciente en los últimos años. Al delimitar con precisión qué tierras pueden ser utilizadas y cuáles deben preservarse como zonas de amortiguación, la provincia intenta saldar una deuda histórica con los vecinos de la zona sur, donde el crecimiento urbano desregulado y la cercanía a los arroyos han configurado escenarios de recurrente vulnerabilidad social y económica.
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